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¿Quiénes están detrás del supuesto lavado de activos del yate Flying Fox?

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Un mar de especulaciones se ha tejido sobre la lujosa embarcación Flying Fox desde que atracó en el Puerto Don Diego de Santo Domingo el pasado 21 de marzo, y aunque las autoridades dominicanas han manejado el tema con mucha discresión,  la investigación que mantiene paralizado el lujoso yate en territorio dominicano está relacionada con los que se asume son propietarios de la nave.

Ante los ojos del mundo el Flying Fox pertenece al multimillonario ruso Dmitry Kamenshchik, pero también está vinculado a varias personas investigadas por los Estados Unidos debido a su supuesta participación directa en escandalosos actos de lavado de dinero y evasión fiscal a escala mundial, usando las famosas compañías “Offshore”.

Los Papeles de Panamá

este medio  tuvo acceso a información donde las autoridades norteamericanas aseguran que el yate figura como propiedad de la empresa Tarcona Marine S.A. registrada en Tórtola (Islas Vírgenes Británicas), y que esa empresa fue constituida por el famoso bufete de abogados panameño Mossack Fonseca & Compañía, la cuarta mayor proveedora mundial de servicios de offshore, que se vio obligada a cerrar tras la crisis económica y el descrédito después de la filtración de los “Papeles de Panamá”.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) maneja la información de que Tarcona Marine S.A. fue la empresa que reemplazó a Mossack Fonseca & Compañía en las andanzas fraudulentas. Por lo que existe la hipótesis de que la embarcación podría estar siendo utilizada para tráfico y lavado de dinero por parte de los investigados.

Por esto, cuando la embarcación llegó a República Dominicana, los Estados Unidos solicitaron cooperación internacional para detenerla y requisarla.

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Infografía
Georgia Chrysostomides es hija de Kypros Chrysostomides, un abogado de élite con sede en Chipre, a quien le atribuyen haber constituido “una docena de empresas fachada en Chipre.    

Los objetivos

Además de la embarcación y Dmitry Kamenshchik, los norteamericanos tienen bajo investigación a Georgia Chrysostomides, quien funge como directora corporativa de Tarcona Marine desde el primero de febrero del 2013, esta se mantuvo en esta posición a pesar de que no era agente residente, es decir, no era la abogada con residencia en el lugar donde se constituyó la Offshore.

Perfiles

Los investigadores manejan un perfil sobre esta mujer. Dicen que Georgia Chrysostomides es de nacionalidad chipriota (República de Chipre, en Europa), y que no tiene registro de dirección en Tórtola, sino que su domicilio permanente está en Nicosia, que es la capital de Chipre.

Destacan que Georgia Chrysostomides es hija de Kypros Chrysostomides, un abogado de élite con sede en Chipre, a quien le atribuyen haber constituido “una docena de empresas fachada en Chipre para el estadounidense político operativo Paul Manafort y para su asociado Richard Gates”.

Ponen como advertencia que Manafort fue condenado en un juicio en el Distrito Este de Virginia por fraude bancario y cargos fiscales, y después de esa condena se declaró culpable en el Distrito de Columbia de dos cargos; conspiración para cometer múltiples delitos, incluidos violar la ley de registro de agentes extranjeros (FARA) al no registrarse y proporcionar declaraciones falsas en un documento presentado ante FARA y lavar dinero y concertar para obstruir la acción de la justicia mediante la manipulación de testigos.

Fue condenado a seis años y un mes de prisión.

Allanamiento a la embarcación

El pasado viernes el Ministerio Público dominicano acompañó a los Estados Unidos en un allanamiento practicado en el yate Flying Fox. Informaron que el Ministerio Público actuó en virtud de una cooperación jurídica formal que realizó Estados Unidos de Norteamérica, en atención a los acuerdos internacionales de lucha contra la criminalidad y contra el delito, suscritos por la República Dominicana. La orden establece que el Ministerio Público solicita practicar la requisa en función de que Estados Unidos tiene abierta una investigación en contra de varios objetivos dedicados al lavado de activos a escala internacional.

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