El juez Rigoberto Sena también dispuso prisión preventiva contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García.
En tanto, María Gabriela Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa deberán pagar una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía asegura, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
El pasado 3 de enero, el órgano acusador puso en marcha la Operación Nido, con la cual quedó desmantelada una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación realizada por el Ministerio Público arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
