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Alexis Medina recibió “ayuda” de otros cuatro ministros

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Otros ocho funcionarios del gobierno de Danilo Medina, que no han sido arrestados ni imputados, (cuatro de ellos exministros) habrían ayudado al hermano del exmandatario, Alexis Medina, a distraer fondos millonarios del Estado, de acuerdo a la mención que hace el Ministerio Público sobre ellos en la acusación formal del caso Pulpo.

Se trata de los reconocidos Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, exministros de Obras Públicas; José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia; Donald Guerrero, pasado titular de Hacienda; así como Víctor Gómez Casanova, exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana; Thelma Eusebio, quien dirigía la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), Luis Reyes, exdirector de Presupuesto, y Omar Caamaño, pasado contralor general de la República.

De acuerdo a lo establecido en el documento elaborado por fiscales anticorrupción, Gonzalo Catillo, como representante del Ministerio de Obras Públicas suscribió al menos dos contratos con vicios de legalidad con la empresa General Supply Corporation S.R.L., vinculada a Alexis Medina, para suministro de cemento asfáltico (AC-30), sin la misma tener ninguna experiencia en el manejo de dicho derivado del petróleo y sin contar con la estructura ni con las licencias para el manejo y comercialización del AC-30.

¿Qué hicieron Gonzalo y Peralta?

En el documento acusatorio, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que este contrato surgió luego de que el expelotero Sammy Sosa, que tenía interés de entrar al negocio del AC-30, acudiera a Alexis Medina, pues tenía dificultades para obtener puerto, que se consiguió, dice el órgano acusador, gracias al tráfico de influencias que ejerció el imputado al exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova.

Dicen que, después, Alexis se reunió con Gonzalo Castillo y Sosa, a los fines de obtener el contrato que le permitiera vender al Estado dominicano cemento asfáltico (AC-30), a través del Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones.

Explica que la intención original de Sammy Sosa era adquirir los contratos a través de otra empresa pero el mismo no se pudo materializar por no contar con la autorización de ser proveedora del Estado, es por ello, que para los fines de vender al Estado AC-30, se asociaron con General Supply Corporation S.R.L

La Pepca dice que los exministros de Obras Publicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, en violación a las disposiciones a las leyes, beneficiaron a la empresa de Alexis con la exoneración de todo el AC-30 importado y facturado al Estado Dominicano, sin la autorización de Congreso y que una auditoría de la Cámara de Cuentas recoge que en varias declaraciones aduanales se presentan la autorización de exoneración emitida por José Ramón Peralta, entonces ministro Administrativo de la Presidencia, “esto sin evidencia del poder otorgado por el Presidente de la República y sin la autorización del Congreso”.

“La exoneración con la que fue beneficiada la empresa General Supply Corporation S.R.L., no se refleja en el precio de venta al Estado dominicano… y que la intención real de la exoneración era beneficiar a General Supply Corporation S.R.L., en perjuicio del Estado dominicano”, precisa la Pepca.

“Durante el período 2017-2020, la empresa General Supply Corporation S.R.L., endosó al MOPC aproximadamente 180,561.00 barriles de cemento asfáltico (AC-30), equivalentes a 7,980,332.00 galones; acto mediante el cual desaduanizó los bienes importados, sin evidencia de la aprobación del Congreso, dejando el Estado de percibir ingresos correspondientes a impuestos, recargos e ITBIS, ascendentes al monto de RD$171,999,103.00”, agregó el órgano acusador.

Donald Guerrero y los demás

En la acusación, la Pepca también indica que otra de las empresas vinculadas a Alexis, llamada Domedical Supply SRL, sin ningún cumplimiento de las exigencias de la ley fue elegida para realizar los equipamientos de los hospitales que fueron intervenidos para su remodelación en el primer mandato de Danilo Medina.

Es ahí, que dice el escrito acusatorio, que el exministro Donald Guerrero, el entonces director de Presupuesto, Luis Reyes, y el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, junto al ya imputado Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), “se coalicionaron para realizar pagos fraudulentos a Domedical, con el claro objetivo de beneficiar al acusado Juan Alexis Medina”.

Supuestamente en este proceso hubo casos en que se pagaron equipos sin ser entregados y que Guerrero, Caamaño y Pagán adulteraron todas las documentaciones, desde las fecha de los contratos hasta las cubicaciones, para pagar justo después de perder las elecciones y que en plena transición al nuevo gobierno, le desembolsaron a Alexis por deuda administrativa RD$922,074,848.60.

El órgano persecutor indican que Pagán solicitó, a través de las comunicaciones dirigidas directamente a Donald Guerrero, entonces ministro de Hacienda, que se le pague el dinero antes referido a la compañía de Alexis ya que la Oisoe no poseía la apropiación presupuestaria para realizar esos pagos en ese año, además de que no habían sido cumplidos los contratos de equipamientos en su totalidad.

“Por lo cual, para poder desembolsar la cantidad RD$922,074,848.60, a favor de Domedical Supply SRL, coalicionaron con las autoridades del Ministerio de Hacienda para que estos incluyeran los referidos contratos en deuda pública u obligaciones del tesoro. Estas maniobras fraudulentas, permitieron además que fuera estafado el Estado Dominicano al pagar por equipos que no se había entregados”, refiere la Pepca.

Los pagos de sobornos para garantizar contratos

En el documento, la Peca indica que “los tentáculos del pulpo” también penetraron a la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), y que a su extitular, Thelma Eusebio, quien está siendo investigada, se le entregaron pagos ilícitos con el fin de que los beneficiara a Alexis Medina con la adjudicación de contratos públicos dentro de la entidad. Dijeron que el imputado utilizó prestanombres que le servían para justificar las acciones y gerencias de dichas entidades, para que en su condición de hermano del Presidente de la República su nombre no fuera involucrado y de esta forma obtener ventajas ilícitas”, explica el expediente elaborado por los fiscales anticorrupción.

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